Resumen

El Régimen de regularización de activos introducido por la Ley N° 27.743, sancionada en julio de 2024, permite a los contribuyentes normalizar bienes no declarados, tanto en el país como en el extranjero, bajo un marco legal que contempla beneficios fiscales y efectos liberatorios de naturaleza penal, aduanera y administrativa.

Marco normativo del régimen

El Régimen de regularización de activos fue establecido por el Título II de la Ley N° 27.743 (B.O. 08/07/2024), reglamentado por el Decreto 608/2024 (B.O. 12/07/2024) y complementado por la Resolución General 5525/2024 de la AFIP (B.O. 16/07/2024). El régimen tiene por objetivo brindar seguridad jurídica y previsibilidad a los contribuyentes, permitiendo exteriorizar bienes no declarados con efectos liberatorios amplios.

La norma establece una escala de alícuotas progresivas según el período en que se efectúe la adhesión, así como beneficios adicionales para quienes repatríen activos del exterior. La reglamentación aclara los procedimientos, requisitos formales y el tratamiento impositivo diferenciado según el tipo de bien.

Efectos liberatorios y límites

Uno de los principales atractivos del Régimen de regularización de activos es su efecto liberatorio. La adhesión conlleva la extinción de la acción penal tributaria, penal cambiaria y aduanera, así como la cancelación de sanciones administrativas. Sin embargo, estos efectos están condicionados a la veracidad de la declaración jurada y al cumplimiento de todos los requisitos sustanciales y formales del régimen.

En consonancia con la doctrina jurisprudencial consolidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Cristofani, Marcelo” (Fallos: 331:551), la extinción de la acción penal debe interpretarse de manera estricta y no puede operar ante conductas dolosas no alcanzadas por el régimen.

Contingencias y recomendaciones

Si bien la norma busca incentivar la transparencia fiscal, su implementación puede generar contingencias. Entre ellas, se destacan las posibles inconsistencias entre las declaraciones juradas anteriores y la nueva regularización, los eventuales reclamos de terceros y los conflictos interpretativos con los fiscos provinciales.

Desde una perspectiva jurídica, es fundamental analizar caso por caso la conveniencia de adherir, especialmente cuando hay bienes sujetos a investigaciones previas, o en contextos de reorganización societaria. La doctrina especializada, como lo sostiene B. García Martínez en su obra “Derecho Tributario y Normalización Fiscal” (2021), resalta la necesidad de un debido asesoramiento para evitar consecuencias adversas a largo plazo.