Resumen

El principio confianza legítima procedimiento ha sido incorporado como un nuevo principio general del Derecho administrativo, con profundo arraigo en el Estado constitucional de Derecho, proyectándose como una manifestación de la buena fe y la seguridad jurídica que debe regir toda actuación administrativa.

Fundamento jurídico del principio

El principio confianza legítima procedimiento se consolida como una derivación del principio de legalidad en sentido amplio. En palabras de la doctrina contemporánea, “la confianza legítima es un PGD ínsito a la concepción misma del Estado Social y Constitucional de Derecho” (Gordillo, Agustín, *Tratado de Derecho Administrativo*). Este principio busca proteger las expectativas legítimas generadas por la actuación constante, coherente y regular de la Administración Pública.

En efecto, se trata de una manifestación concreta del principio de buena fe (art. 1197, C.C.C.N.), que exige a la Administración no defraudar la confianza depositada por los ciudadanos cuando han actuado de buena fe y de conformidad con la legalidad vigente.

Aplicación jurisprudencial y normativa

La jurisprudencia argentina comienza a reconocer este principio como criterio rector del obrar estatal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en el fallo “Rinaldi, Horacio c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa” (2010), que las expectativas legítimas generadas por la Administración no pueden ser abruptamente desconocidas sin causar una lesión injustificada al principio de seguridad jurídica.

A nivel normativo, si bien no existe una codificación expresa, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley 19.549) consagra implícitamente el principio confianza legítima procedimiento al establecer garantías como la motivación de los actos (art. 7 inc. e) y el deber de estabilidad en las condiciones normativas preexistentes (art. 1, principio de juridicidad).

Relevancia práctica y límites

Este principio cobra especial relevancia cuando un particular adapta su conducta a una directriz administrativa que posteriormente cambia de manera intempestiva y retroactiva. La protección de la confianza legítima impone entonces a la Administración deberes de previsibilidad, gradualidad y respeto por las situaciones consolidadas.

No obstante, su aplicación no es absoluta. La confianza legítima no puede oponerse válidamente frente a actos administrativos dictados en cumplimiento de una ley posterior de orden público. Asimismo, debe ponderarse su alcance frente al interés general, cuando existan razones de gravedad institucional que justifiquen un cambio en la actuación administrativa.

Conclusión

El principio confianza legítima procedimiento se incorpora como un verdadero límite ético-jurídico al ejercicio del poder administrativo. Su consagración doctrinaria y jurisprudencial refuerza la centralidad de los derechos de los particulares en un modelo de administración democrática y previsible. En este contexto, se convierte en una herramienta jurídica clave para la tutela efectiva de la seguridad jurídica y el control de la arbitrariedad estatal.