La Constitucionalidad de la Ley 27.742: Análisis Integral y Fundamentos Jurídicos
La Ley 27.742, conocida como la “Ley Bases”, ha sido objeto de debate intenso desde su promulgación. Si bien existen críticas que señalan presuntas inconstitucionalidades, intentaremos dar una mirada jurídica detallada y fundamentada permite sostener que esta normativa es plenamente compatible con la Constitución Nacional y los principios fundamentales del derecho argentino. En este artículo analizaremos en profundidad los fundamentos que respaldan su constitucionalidad, su impacto en las relaciones laborales, y su alineación con los principios de razonabilidad, progresividad y protectorio. Además, intentaremos rebatir los argumentos de quienes cuestionan esta normativa, intentando demostrar por qué constituye una respuesta válida y necesaria a los desafíos actuales.
I. Introducción: Contexto y objetivos de la Ley 27.742
La Ley 27.742 surge en un contexto socioeconómico caracterizado por altas tasas de desempleo e informalidad laboral. Estas condiciones, agravadas por la falta de competitividad en ciertos sectores de la economía, exigieron una reforma estructural que garantizara mayor dinamismo en el mercado laboral, preservando los derechos fundamentales de los trabajadores y fomentando el empleo genuino.
Objetivo de la Ley
La Ley 27.742 busca equilibrar la relación laboral mediante la flexibilización de ciertos aspectos normativos, sin menoscabar los derechos esenciales de los trabajadores. Entre sus metas principales se destacan:
1. Fomento del empleo formal: Reducir las barreras que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para contratar.
2. Adaptación a nuevas realidades laborales: Reconocer formas de trabajo no tradicionales, como las que surgen en la economía colaborativa.
3. Reducción de la litigiosidad: Establecer criterios objetivos que brinden seguridad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores.
II. Fundamentos de constitucionalidad
1. Principio de razonabilidad
El artículo 28 de la Constitución Nacional establece que los derechos y garantías reconocidos por ella no pueden ser alterados bajo pretexto de su reglamentación. Sin embargo, este principio habilita la regulación de los derechos cuando persigue un fin legítimo y se aplica de manera razonable.
Adecuación de la Ley 27.742 al principio de razonabilidad
• Fin legítimo: La Ley persigue fines claros y urgentes: promover el empleo formal, dinamizar el mercado laboral y reducir la informalidad.
• Medidas razonables: Las disposiciones de la ley no eliminan derechos fundamentales; simplemente los regulan para adecuarlos a las condiciones actuales del mercado laboral.
Ejemplo práctico:
La ampliación del período de prueba a un año (artículo 91) no afecta la estabilidad laboral de los trabajadores, ya que durante este período siguen protegidos frente a despidos discriminatorios o actos arbitrarios. Además, permite a los empleadores tomar decisiones más informadas sobre la contratación definitiva, lo que fomenta una relación laboral más sólida a largo plazo.
2. Principio de progresividad
El principio de progresividad, consagrado en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales como el PIDESC (art. 2.1), obliga al Estado a garantizar un avance continuo en los derechos sociales. No obstante, este principio admite ajustes temporales en la protección de derechos, siempre que se justifiquen por un interés legítimo y se orienten a un beneficio integral.
Aplicación integral del principio de progresividad
Los defensores de la Ley 27.742 sostienen que la progresividad debe entenderse en un sentido colectivo. Si bien algunas disposiciones pueden parecer restrictivas en términos individuales, se orientan a mejorar las condiciones generales del mercado laboral.
Ejemplo:
El reemplazo de la indemnización tradicional por el fondo de cese laboral no elimina la protección frente al despido arbitrario. Por el contrario, redistribuye el costo del despido de manera equitativa entre empleadores y trabajadores, fomentando la contratación en sectores con alta rotación laboral.
3. Principio protectorio
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra el principio protectorio, que establece un piso mínimo de derechos laborales. La Ley 27.742 respeta este principio al preservar las garantías esenciales de los trabajadores, como la protección contra despidos discriminatorios, el derecho a condiciones dignas y el acceso a mecanismos de reparación.
Compatibilidad de la Ley con el principio protectorio
• No se eliminan derechos básicos: Las licencias por maternidad, el aguinaldo, las vacaciones pagas y otros beneficios esenciales permanecen intactos.
• Adaptación a nuevas formas de trabajo: La introducción de figuras como los “colaboradores” y los “trabajadores independientes” no desprotege a quienes se encuentran en relaciones de dependencia, sino que reconoce realidades laborales distintas.
Ejemplo práctico:
Un repartidor en una plataforma de economía colaborativa puede optar por operar como “trabajador independiente” bajo la Ley 27.742, accediendo a una regulación más flexible que le permita manejar sus horarios y condiciones sin quedar sometido al marco rígido de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. Análisis de artículos específicos
Artículo 91: Ampliación del período de prueba
• Medida: Extiende el período de prueba a un año.
• Fundamento: Permite a las empresas evaluar con mayor profundidad a los trabajadores antes de consolidar su relación laboral.
• Constitucionalidad: No elimina derechos fundamentales, ya que durante este período los trabajadores siguen protegidos frente a despidos discriminatorios o arbitrarios.
Artículo 95: Tarifación de indemnizaciones por actos discriminatorios
• Medida: Establece montos fijos para la reparación de actos discriminatorios.
• Fundamento: Introduce un criterio objetivo y uniforme que brinda seguridad jurídica a las partes.
• Constitucionalidad: No vulnera el derecho a la reparación, sino que regula su alcance para evitar litigios desproporcionados.
Artículo 97: Introducción de figuras precarizadoras
• Medida: Crea las figuras de “colaborador” y “trabajador independiente”.
• Fundamento: Reconoce nuevas formas de trabajo que no se ajustan al modelo tradicional de relación de dependencia.
• Constitucionalidad: No afecta a quienes están claramente en una relación de dependencia, pero permite que trabajadores autónomos operen con mayor libertad.
IV. Comparación con legislaciones extranjeras
1. España
La reforma laboral de 2012 introdujo medidas similares, como la ampliación del período de prueba y la reducción de costos de despido. Estas medidas contribuyeron a una mayor flexibilidad laboral y, tras un período inicial de ajuste, se tradujeron en una recuperación del empleo formal.
2. Brasil
La Ley 13.467/2017 permitió la contratación intermitente, una figura similar al “colaborador” de la Ley 27.742. Esto fomentó la inclusión de trabajadores informales en el mercado formal, reduciendo la evasión fiscal y mejorando las contribuciones al sistema de seguridad social.
V. Rebatiendo los argumentos de la contraparte
A. “La Ley vulnera el principio de progresividad”
• Respuesta: La progresividad no implica la prohibición de ajustes temporales o sectoriales, siempre que estos persigan un fin legítimo y no eliminen derechos esenciales.
B. “La Ley desprotege a los trabajadores”
• Respuesta: La Ley conserva los derechos fundamentales, como la protección frente a despidos discriminatorios, las licencias y el acceso a mecanismos de reparación.
VI. Conclusión
La Ley 27.742 es una norma razonable, proporcionada y adaptada a las necesidades actuales del mercado laboral. Respeta los principios constitucionales de razonabilidad, progresividad y protectorio, preservando las garantías esenciales de los trabajadores mientras fomenta un entorno más dinámico y competitivo para el empleo. Invitamos a un debate constructivo sobre sus implicancias y a un análisis jurídico equilibrado.
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Palabras clave:
Constitucionalidad Ley 27.742, derecho laboral argentino, progresividad laboral, principio protectorio, reforma laboral