Cambios Introducidos por el Decreto
Introducción
El reciente proyecto de decreto que vislumbra los cambios en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad ha generado una considerable polémica. Gran parte del colectivo de personas con discapacidad lo percibe como un retroceso significativo en sus derechos y calidad de vida. En este artículo, analizamos los principales cambios y las preocupaciones que han surgido.
Modificación en la Fijación de Aranceles
El nuevo proyecto de decreto establece que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas pueden fijar de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones. Esta medida reemplaza el sistema anterior en el que un Directorio compuesto por diversos representantes gubernamentales y de la sociedad civil decidía de manera conjunta los aranceles.
Preocupaciones del Colectivo de Personas con Discapacidad
La principal preocupación radica en la desregulación de los aranceles. Anteriormente, un nomenclador especificaba las prestaciones y los aranceles correspondientes, garantizando una cobertura uniforme. Con el cambio propuesto, existe el temor de que haya disparidades en los aranceles que cada financiador decida pagar. Esto podría resultar en una desigualdad en la calidad y accesibilidad de los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad, dependiendo de su financiador.
Impacto en los Prestadores de Servicios
Los prestadores de servicios también han manifestado su inquietud. Si los aranceles fijados no reflejan los costos reales de las prestaciones, podría haber un desfinanciamiento y eventual cierre de instituciones que brindan servicios esenciales. Esto incluye centros de día, educativos terapéuticos, hogares y residencias, que son vitales para la atención de muchas personas con discapacidad.
Riesgo de Segmentación en la Atención
La segmentación en la atención es otro riesgo señalado. Prestadores podrían preferir atender a beneficiarios de financiadores que paguen aranceles más altos, dejando de lado a quienes están cubiertos por financiadores con aranceles menores. Esta situación ya se observa en algunos casos con ciertos prestadores que limitan la atención debido a retrasos o insuficiencia en los pagos.
Conclusión
Los cambios introducidos por el decreto presentan desafíos significativos para el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La desregulación de los aranceles podría conducir a una atención desigual y afectar la sostenibilidad de los servicios. Para proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar su acceso a servicios de calidad, es crucial que los encargados de la implementación revisen estas medidas. Si desea más información o apoyo para entender cómo estos cambios pueden afectarlo, contáctenos. Estamos aquí para ofrecer soluciones personalizadas y asistencia experta.
